SILVERTHORNE, Colorado. — Cuando Adolfo Román García-Ramírez camina a casa por la noche después de su turno en un mercado en este pueblo montañoso del centro de Colorado, a veces se acuerda de su infancia en Nicaragua. Los adultos, recuerda, asustaban a los niños con cuentos de la “Mona Bruja”. Si te adentras demasiado en la oscuridad, le decían, un gigantesco y monstruoso mono que vive en las sombras podría atraparte.

Ahora, cuando García-Ramírez mira por encima del hombro, no son los monos monstruosos a los que teme. Son los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

“Hay un miedo constante de que vayas caminando por la calle y se te cruce un vehículo”, dijo García-Ramírez, de 57 años. “Te dicen: ‘Somos de ICE; estás arrestado’, o ‘Muéstrame tus papeles’”.

Silverthorne, una pequeña ciudad entre las mecas del esquí de Breckenridge y Vail, ha sido el hogar de García-Ramírez durante los últimos dos años. Trabaja como cajero en un supermercado y comparte un apartamento de dos habitaciones con cuatro compañeros.

La ciudad de casi 5.000 habitantes ha sido un refugio acogedor para el exiliado político, quien fue liberado de prisión en 2023 después que el gobierno autoritario de Nicaragua negociara un acuerdo con el gobierno estadounidense para transferir a más de 200 presos políticos a Estados Unidos.

A los exiliados se les ofreció residencia temporal en Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional humanitaria (conocido como parole humanitario) de la administración Biden.

Este permiso humanitario de dos años de García-Ramírez expiró en febrero, apenas unas semanas después que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva para poner fin al programa que había permitido la residencia legal temporal en Estados Unidos a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Esto lo que lo ponía en riesgo de deportación.

A García-Ramírez se le retiró la ciudadanía nicaragüense al llegar a Estados Unidos. Hace poco más de un año, solicitó asilo político. Sigue esperando una entrevista.

“No puedo decir con seguridad que estoy tranquilo o que estoy bien en este momento”, dijo García-Ramírez. “Uno se siente inseguro, pero también incapaz de hacer algo para mejorar la situación”.

Vail y Breckenridge son mundialmente famosos por sus pistas de esquí, que atraen a millones de personas cada año. Pero la vida para la fuerza laboral del sector turístico que atiende a los centros turísticos de montaña de Colorado es menos glamorosa.

Los residentes de los pueblos montañosos de Colorado experimentan altas tasas de suicidio y adicciones, impulsadas en parte por las fluctuaciones estacionales de los ingresos, que pueden causar estrés a muchos trabajadores locales.

Las comunidades latinas, que constituyen una proporción significativa de la población residente permanente en estos pueblos de montaña, son particularmente vulnerables.

Una encuesta reciente reveló que más de 4 de cada 5 latinos encuestados en la región de la Ladera Occidental, donde se encuentran muchas de las comunidades rurales de estaciones de esquí del estado, expresaron una preocupación “extrema o muy grave” por el consumo de sustancias.

Esta cifra es significativamente mayor que en el condado rural de Morgan, en el este de Colorado, que también cuenta con una considerable población latina, y en Denver y Colorado Springs.

A nivel estatal, la preocupación por la salud mental ha resurgido entre los latinos en los últimos años, pasando de menos de la mitad que la consideraba un problema extremada o muy grave en 2020 a más de tres cuartas partes en 2023.

Tanto profesionales de salud como investigadores y miembros de la comunidad afirman que factores como las diferencias lingüísticas, el estigma cultural y las barreras socioeconómicas pueden exacerbar los problemas de salud mental y limitar el acceso a la atención médica.

“No recibes atención médica regular. Trabajas muchas horas, lo que probablemente significa que no puedes cuidar de tu propia salud”, dijo Asad L. Asad, profesor adjunto de sociología de la Universidad de Stanford. “Todos estos factores agravan el estrés que todos podríamos experimentar en la vida diaria”.

Si a esto le sumamos los altísimos costos de vida y la escasez de centros de salud mental en los destinos turísticos rurales de Colorado, el problema se agrava.

Ahora, las amenazas de la administración Trump de redadas migratorias y la inminente deportación de cualquier persona sin residencia legal en el país han disparado los niveles de estrés.

Según estiman defensores, en las comunidades cercanas a Vail, la gran mayoría de los residentes latinos no tienen papeles. Las comunidades cercanas a Vail y Breckenridge no han sufrido redadas migratorias, pero en el vecino condado de Routt, donde se encuentra Steamboat Springs, al menos tres personas con antecedentes penales han sido detenidas por el ICE, según informes de prensa.

Las publicaciones en redes sociales que afirman falsamente haber visto a oficiales del ICE merodeando cerca de sus hogares han alimentado aún más la preocupación.

Yirka Díaz Platt, trabajadora social bilingüe de Silverthorne, originaria de Perú, afirmó que el temor generalizado a la deportación ha llevado a muchos trabajadores y residentes latinos a refugiarse en las sombras.

Según trabajadores de salud y defensores locales, las personas han comenzado a cancelar reuniones presenciales y a evitar solicitar servicios gubernamentales que requieren el envío de datos personales. A principios de febrero, algunos residentes locales no se presentaron a trabajar como parte de una huelga nacional convocada por el “día sin inmigrantes”. Los empleadores se preguntan si perderán empleados valiosos por las deportaciones.

Algunos inmigrantes han dejado de conducir por temor a ser detenidos por la policía. Paige Baker-Braxton, directora de salud conductual ambulatoria del sistema de salud de Vail, comentó que ha observado una disminución en las visitas de pacientes hispanohablantes en los últimos meses.

“Intentan mantenerse en casa. No socializan mucho. Si vas al supermercado, ya no ves a mucha gente de nuestra comunidad”, dijo Platt. “Existe ese miedo de: ‘No, ahora mismo no confío en nadie’”.

Juana Amaya no es ajena a la resistencia para sobrevivir. Amaya emigró a la zona de Vail desde Honduras en 1983 como madre soltera de un niño de 3 años y otro de 6 meses. Lleva más de 40 años trabajando como limpiadora de casas en condominios y residencias de lujo en los alrededores de Vail, a veces trabajando hasta 16 horas al día. Con apenas tiempo para terminar el trabajo y cuidar de una familia en casa, comentó, a menudo les cuesta a los latinos de su comunidad admitir que el estrés ya es demasiado.

“No nos gusta hablar de cómo nos sentimos”, dijo, “así que no nos damos cuenta de que estamos lidiando con un problema de salud mental”.

El clima político actual solo ha empeorado las cosas.

“Ha tenido un gran impacto”, dijo. “Hay personas que tienen niños pequeños y se preguntan qué harán si están en la escuela y se los llevan a algún lugar, pero los niños se quedan. ¿Qué hacen?”.

Asad ha estudiado el impacto de la retórica de la deportación en la salud mental de las comunidades latinas. Fue coautor de un estudio, publicado el año pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que concluyó que el aumento de esta retórica puede causar mayores niveles de angustia psicológica en los no ciudadanos latinos e incluso en los ciudadanos latinos.

Asad descubrió que ambos grupos pueden experimentar mayores niveles de estrés, y las investigaciones han confirmado las consecuencias negativas de la falta de documentación de los padres en la salud y el rendimiento educativo de sus hijos.

“Las desigualdades o las dificultades que imponemos hoy a sus padres son las dificultades o desigualdades que sus hijos heredarán mañana”, afirmó Asad.

A pesar de los altos niveles de miedo y ansiedad, los latinos que viven y trabajan cerca de Vail aún encuentran maneras de apoyarse mutuamente y buscar ayuda.

Grupos de apoyo en el condado de Summit, donde se encuentra Breckenridge y a menos de una hora en coche de Vail, han ofrecido talleres de salud mental para nuevos inmigrantes y mujeres latinas. Building Hope, en el condado de Summit y Olivia’s Fund en el condado de Eagle, donde se encuentra Vail, ayudan a quienes no tienen seguro médico a pagar un número determinado de sesiones de terapia.

Vail Health planea abrir un centro psiquiátrico regional para pacientes hospitalizados en mayo, y la Alianza de Recursos Interculturales Móviles ofrece servicios integrales, incluyendo recursos de salud conductual, directamente a las comunidades cercanas a Vail.

De vuelta en Silverthorne, García-Ramírez, el exiliado nicaragüense, vive el día a día.

“Si me deportan de aquí, iría directamente a Nicaragua”, dijo García-Ramírez, quien contó haber recibido una amenaza de muerte verbal de las autoridades de su país natal. “Sinceramente, no creo que aguante ni un día”.

Mientras tanto, continúa su rutinario viaje a casa desde su trabajo de cajero, a veces sorteando nieve resbaladiza y calles oscuras después de las 9 pm. Cuando surgen pensamientos de pesadilla sobre su propio destino en Estados Unidos, García-Ramírez se concentra en el suelo bajo sus pies.

“Llueva, truene o nieve”, dijo, “yo camino”.

Este artículo se publicó con el apoyo de Journalism & Women Symposium (JAWS) Health Journalism Fellowship, asistida por subvenciones de The Commonwealth Fund.
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