Cuando estaba en noveno grado, Fiona Lu cayó en una depresión. Tenía problemas para adaptarse a su nueva escuela en Orange County, California, y se sentía tan aislada y agotada que lloraba todas las mañanas.

Lu quería recibir ayuda, pero su plan de Medi-Cal no cubría la terapia a menos que tuviera el permiso de uno de sus padres o tutores.

Su madre, inmigrante china y madre soltera, trabajaba muchas horas para mantener a Fiona, a su hermano y a su abuela. Encontrar tiempo para explicarle a su madre en qué consistía la terapia y por qué la necesitaba le parecía una tarea imposible.

“No me la imaginaba firmando todos esos formularios y luego yendo a terapia conmigo”, dijo Lu, que ahora tiene 18 años y estudia primer año en la UCLA. “En las culturas inmigrantes existe esta idea de que tener problemas de salud mental y recibir tratamiento es un fenómeno de las culturas occidentales”.

En su último año de secundaria, Lu convirtió su experiencia en activismo. Hizo campaña para cambiar la política estatal y permitir que los menores a partir de los 12 años, que viven en hogares de bajos ingresos, reciban consejería de salud mental sin el consentimiento de sus padres.

En octubre del año pasado, el gobernador Gavin Newsom firmó una nueva ley que amplió el acceso a los pacientes jóvenes cubiertos por Medi-Cal, el Medcaid de California.

Los adolescentes con seguro privado han tenido este privilegio en el estado durante más de una década. Sin embargo, los padres de los jóvenes que ya tenían la posibilidad de acceder a la atención por su cuenta fueron los que más se opusieron a la ampliación de esa cobertura de Medi-Cal.

Muchos padres aprovecharon el proyecto de ley para expresar sus quejas sobre el control que, en su opinión, ejerce el Estado sobre sus hijos, especialmente en lo relativo a la identidad de género y la atención de salud.

La primavera pasada, una madre que apareció en Fox News llamó a los terapeutas escolares “adoctrinadores” y dijo que el proyecto de ley les permitía llenar la cabeza de los niños con ideas sobre el “transexualismo” sin que sus padres lo supieran.

Estos argumentos se repitieron en las redes sociales y en las protestas que tuvieron lugar en California y otras partes del país a finales de octubre.

En el Capitolio de California, varios legisladores republicanos votaron en contra del proyecto de ley, AB 665. Uno de ellos fue el miembro de la Asamblea estatal James Gallagher, del condado de Sutter.

“Si mi hijo está sufriendo una crisis de salud mental, quiero saberlo”, declaró Gallagher, durante una sesión sobre el proyecto de ley en la Asamblea, la primavera pasada. “Esta tendencia equivocada, y creo que ilícita, en nuestra política actual que continúa excluyendo a los padres de la ecuación, diciendo que no necesitan ser informados, es un agravio”.

Los sueldos de los legisladores estatales son demasiado altos para que ellos o sus familias puedan tener Medi-Cal. En su lugar, se les ofrece la posibilidad de elegir entre 15 planes comerciales de seguro médico, lo que significa que niños como los de Gallagher ya tienen los privilegios a los que se opuso en su discurso.

A Lu esto le pareció frustrante e hipócrita. Dijo que los opositores que se alineaban en contra del proyecto AB 665, en las audiencias legislativas, eran en su mayoría padres de clase media tratando de apropiarse del tema.

“No es creíble que aboguen contra una política que no les afecta directamente”, afirmó Lu. “No se dan cuenta de que se trata de una política que afectará a cientos de miles de otras familias”.

Los patrocinadores del proyecto AB 665 dijeron que agregaba sentido común a una ley existente. En 2010, los legisladores habían facilitado a los jóvenes el acceso a tratamientos ambulatorios de salud mental y a centros de acogida de emergencia sin el consentimiento de sus padres, al eliminar el requisito de tener que estar en medio de una crisis inminente para tener acceso.

Pero en el último momento, los legisladores eliminaron en 2010 la ampliación de la cobertura de Medi-Cal para los adolescentes por razones de costo. Más de una década después, el proyecto de ley AB 665 pretende acabar con la disparidad entre los seguros públicos y privados e igualar las condiciones.

“Se trata de equidad”, expresó la legisladora estatal Wendy Carrillo, demócrata de Los Angeles y autora del proyecto de ley.

La ley original, que regulaba los planes de seguros privados, fue aprobada con apoyo bipartidista y contó con escasa oposición en la Legislatura, dijo. La ley fue firmada por un gobernador republicano, Arnold Schwarzenegger.

“Desde entonces, los extremos de ambos bandos se han vuelto tan radicales que nos cuesta hablar sobre la necesidad de la salud mental”, añadió.

Después que Carrillo presentara el proyecto de ley el año pasado, su oficina recibió amenazas de muerte. Ella aseguró que el objetivo de la ley no es dividir a las familias, sino fomentar la comunicación entre padres e hijos a través de la consejería.

Más de 20 estados permiten a los jóvenes dar su consentimiento para el tratamiento ambulatorio de salud mental sin el permiso de sus padres, incluyendo Colorado, Ohio, Tennessee y Alabama, según un informe de 2015 realizado por investigadores de la Universidad Rowan.

Para los detractores de la nueva ley, como Erin Friday, una abogada del Área de la Bahía de San Francisco, AB 665 forma parte de una campaña más amplia para quitar derechos a los padres en California, algo a lo que ella se opone independientemente del tipo de seguro médico que tengan los niños.

Friday se considera demócrata de toda la vida. Pero un día descubrió que su hijo adolescente se había declarado transgénero en la escuela y que, durante meses, los profesores se habían referido a él con un nombre y pronombres diferentes, sin que Friday lo supiera. Se dedicó a luchar contra los proyectos de ley que, en su opinión, fomentaban la “ideología transgénero”. Dijo que va a presentar una demanda legal para intentar anular la nueva ley de California antes de que entre en vigencia este verano.

“Estamos dando a los niños una autonomía que nunca deberían tener”, afirmó Friday.

Según la nueva ley, los jóvenes podrán hablar con un terapeuta sobre la identidad de género sin el consentimiento de sus padres. Pero no podrán recibir tratamiento residencial, medicación o cirugía de afirmación de género sin el visto bueno de sus padres, como han sugerido algunos opositores.

Los menores tampoco pueden fugarse de casa o emanciparse al amparo de la ley, como también han sugerido los opositores.

“Esta ley no trata de los centros psiquiátricos de hospitalización. Esta ley no trata de cambiar las leyes de custodia de menores”, explicó Rachel Velcoff Hults, abogada y directora de salud del National Center for Youth Law, que apoyó la AB 665.

“Esta ley trata de garantizar que cuando un joven necesite asesoramiento o un techo temporal para garantizar su propia seguridad y bienestar, queremos asegurarnos de que va a poder contar con una manera de tenerlo”, agregó.

La eliminación del requisito de consentimiento de los padres también podría ampliar el número de médicos de salud mental en California dispuestos a tratar a los jóvenes en Medi-Cal. Sin el consentimiento de los padres, bajo las viejas reglas, Medi-Cal no podía pagar a los médicos por el asesoramiento que ofrecen, ya sea en una práctica privada o en la oficina de un consejero de la escuela.

Esther Lau tuvo problemas de salud mental cuando era estudiante de secundaria en Fremont. A diferencia de Lu, tuvo el apoyo de sus padres, pero no podía encontrar un terapeuta que aceptara Medi-Cal. Al ser la única angloparlante nativa de su familia, tuvo que navegar sola la burocracia del sistema de salud.

Para ella, la AB 665 incentivará a los médicos a aceptar en sus consultas a más jóvenes de familias de bajos ingresos.

“Para la oposición, se trata sólo de tácticas políticas y de promover su agenda”, dijo Lau. “El proyecto de ley fue diseñado para ampliar el acceso a los jóvenes de Medi-Cal, y punto”.

Esta historia forma parte de una alianza que incluye a KQED, NPR, y KFF Health News.
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